La Constituyente instaurada en Venezuela por el oficialismo pidió hoy la detención por supuesta corrupción de varios altos cargos relacionados con la antigua dirección del Ministerio Público, que estaba a cargo de Luisa Ortega y cuyo nuevo titular solicitó inmediatamente órdenes de captura contra ellos.
En una jornada en la que además se puso en marcha la “Comisión de la Verdad”, que investigará la violencia en las protestas, Diosdado Cabello explicó, acompañado de otros miembros de la Constituyente, que se pidió la detención de varios implicados en una “gran red de extorsión” en la Fiscalía, que supuestamente cobraba millones de dólares a personas para evitar ser procesadas por la Justicia.
Según Cabello, parte de esa red sería el diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro y destituida por la Constituyente.
Junto a Ferrer figuraba en la lista de la supuesta red de extorsión el fiscal Pedro Lupera, encargado hasta hoy de la sección anticorrupción y quien había abierto durante el mandato de Ortega investigaciones a funcionarios del Gobierno por corrupción.
El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, nombrado sucesor de Ortega por la Constituyente, pidió enseguida para todos ellos órdenes de captura, que deben ser dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una instancia acusada de servir al Gobierno y que este martes se puso a disposición de la Asamblea Constituyente.
Saab aseguró estar en posesión de “documentos originales” presentados por Cabello que demostrarían “la apertura de cuentas” en las Bahamas a nombre de los sospechosos que sobrepasarían los 6 millones de dólares.
Según Saab, quien dio un giro a la actitud de denuncia que tenía la Fiscalía bajo el mando de Ortega, algunos extorsionados fueron empresarios “que trabajan en la Faja Petrolífera del Orinoco”, donde se encuentra la mayor reserva de crudo de Venezuela.
A través de Lupera, la Fiscalía imputó a directivos de Petropiar -una empresa mixta de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la estadounidense Chevron- por ordenar supuestas compras con sobreprecio para esta compañía que opera en la Faja del Orinoco.
Además de corrupción, la Fiscalía de Saab atribuye a Ferrer y sus supuestos cómplices cargos de legitimación de capitales y delitos financieros y económicos.
Sin que el Supremo se haya pronunciado aún sobre las solicitudes de Saab, el servicio de inteligencia allanó la residencia que Ferrer comparte con Luisa Ortega, quien escribió en Twitter que la redada es “parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela”.
“De esta forma es que el Gobierno de Maduro y Cabello pretende acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos”, añadió la exfiscal.
En esta misma jornada, la Asamblea Constituyente puso en marcha la “Comisión de la Verdad”, que abrió una investigación sobre la violencia en las manifestaciones a favor y en contra el Gobierno que de abril a agosto de este año han sacudido a Venezuela, de la que el oficialismo responsabiliza a la oposición.
Esta comisión -que tiene el encargo de juzgar los hechos de “violencia política” en el país y que, según Maduro, podría llevar a la cárcel a varios opositores- investigará las solicitudes del presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, a inversores internacionales para que evitaran negociar con Venezuela.
“Decidimos aperturar una investigación sobre las comunicaciones enviadas por el diputado (opositor) Julio Borges que afectan directamente la adquisición de medicamentos, de alimentos, que afectan directamente el desarrollo de Venezuela”, dijo la presidenta de la Constituyente y de la comisión, Delcy Rodríguez.
La comisión pidió también al Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de candidatos inscritos a las elecciones a gobernadores regionales de octubre y prohibirá presentarse a quienes considere implicados “en algún hecho de violencia que haya afectado a la paz y la tranquilidad pública”.
La oposición se inscribió en estos comicios pese a las suspicacias sobre un CNE al que hasta la empresa encargada del recuento recriminó haber cometido fraude en la elección de la Constituyente.
Numerosos opositores no podrán presentarse por estar presos o haber sido inhabilitados, una lista que pasó a engrosar hoy el diputado e inscrito para las elecciones a gobernador en el estado Apure (sureste) Luis Lippa, quien fue suspendido para ejercer cargos públicos por la Contraloría.
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