En México persisten graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas de seguridad, indica un informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EU).
De acuerdo con el documento, entre estos crímenes destacan homicidios arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos degradantes y desapariciones forzadas.
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El Informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2021: México, refiere como ejemplo lo ocurrido en julio de 2021, cuando el Ejército mexicano brindó la reparación de daño a dos de las tres familias de víctimas asesinadas un año antes a manos de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes fueron privadas de la vida durante diversos operativos realizados contra presuntos miembros de un cártel de drogas.
“El 7 de octubre, el Ejército relevó de su cargo al coronel Miguel Ángel Ramírez Canchola, acusado de ordenar los asesinatos, pero hasta (esa fecha) los fiscales no habían tomado medidas contra los soldados”, señala el texto.
Otro caso que cita el gobierno de Estados Unidos es el de la salvadoreña Victoria Salazar, quien murió en marzo de 2021 luego de que agentes de la policía de Quintana Roo le rompieron el cuello mientras intentaban ponerla bajo custodia.
Días después, el propio fiscal de la entidad confirmó que los policías “usaron la fuerza desproporcionada durante el arresto”, sin que hasta la fecha se tenga mayor información.
Sobre el delito de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes cometidas por agentes gubernamentales, el informe señala que a pesar de las diversas prohibiciones en la materia “hubo informes de que las fuerzas de seguridad torturaron a los sospechosos” de diversos hechos.
“Entre enero y agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 26 denuncias por tortura y 123 por detención arbitraria. La mayoría de estas denuncias fueron contra autoridades de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas”, detalla el informe del Departamento de Estado.
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Durante su Segundo Informe de Gobierno oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que bajo su administración se habían acabado las violaciones a los derechos humanos.
“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como (Genaro) García Luna”, afirmó el 1 de septiembre de 2020.
Días después, Amnistía Internacional llamó al primer mandatario a reconocer la crisis de derechos humanos en que seguía el país como primer paso para atenderla. Pero la crisis, a la luz de lo documentado por el Departamento de Estado, continuó.
DELITOS IMPUNES
El documento refiere además la existencia de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales. Asimismo, el arresto o detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas cometida por agentes estatales y de organizaciones criminales transnacionales.
“Los altos niveles de impunidad, incluido en los asesinatos de periodistas, generan autocensura y reducen la libertad de expresión de la prensa”.
Dentro de las violaciones a derechos humanos se destacan también diversos actos de corrupción e insuficiente investigación y rendición de cuentas, lo que ha desembocado en el agravamiento de otros ilícitos en contra personas con discapacidad y por razón de género, que incluye violencia doméstica así como contra personas de la comunidad LGBTI+.
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“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales organizadas internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”, señala el documento.
El informe hace especial énfasis en los delitos cometidos contra niñas y niños, quienes son víctimas de prácticas como abuso infantil, matrimonio precoz y forzado, explotación sexual e institucionalidad infantil, entre otras violaciones a sus garantías.
Por ejemplo, señala que hasta agosto no había novedades en el caso del secuestro y asesinato de la niña Fátima, de siete años, por el que días después fueron arrestados Mario N y Gladis N y fueron procesados cinco funcionarios de la Fiscalía General de la Ciudad de México por no buscar a Fátima dentro de las 72 horas posteriores a su desaparición.
Otro tema que denuncia el documento es el relacionado al matrimonio infantil, que ha sido incluso denunciado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas conferencias de prensa matutinas. La práctica está prohibida en todos los estados del país, pero el informe identifica que de manera regular “con el consentimiento de un juez, los niños pueden casarse a edades más tempranas”.
