Justicia española emite orden detención internacional contra Puigdemont

La Audiencia Nacional de España decretó este viernes una orden de detención internacional contra el depuesto presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro miembros de su Gobierno que se encuentran en Bruselas.

Esta orden llega después de que el jueves dictara prisión provisional sin fianza para ocho de los nueve exconsejeros catalanes que declararon ante la Audiencia, por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

El exconsejero de Empresa Santi Vila, que dimitió en vísperas de la declaración de independencia argumentando que no había conseguido su fin de una solución dialogada, podría abandonar durante la jornada la prisión en la que pasó la noche si sus abogados depositan la fianza de 50, 000 euros que le impuso la juez.

Las medidas cautelares amenazan con enquistar aún más la peor crisis institucional en los 40 años de democracia en España, mientras Cataluña se prepara para unas elecciones autonómicas el 21 de diciembre, convocadas por el Gobierno central el pasado viernes tras disolver el Parlamento regional.

Los delitos por los que se investiga a los 14 miembros del Gobierno catalán, suspendido por completo por el Gobierno central la semana pasada tras la declaración unilateral de independencia, podrían acarrear condenas conjuntas de hasta 50 años de cárcel, según dos autos judiciales.

Puigdemont pidió la liberación de los encarcelados en una breve declaración emitida por la televisión catalana TV3, en la que se presentó como "presidente legítimo".

El cesado dirigente catalán, que dice estar denunciando la situación de Cataluña ante la comunidad internacional, no acudió a la Audiencia porque "el clima no era el adecuado", según su abogado belga.

Varios de los representantes legales de los exconsejeros han denunciado las medidas cautelares aplicadas por la juez como "desproporcionadas" y han anunciado que recurrirán.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que el pasado lunes firmó la querella contra los exmiembros del gobierno catalán interpuesta ante la Audiencia Nacional, defendió las medidas cautelares por el riesgo de fuga, la posibilidad de destrucción de pruebas e impedir el riesgo de reiteración delictiva.

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