VIENA. Las divisiones sobre la política internacional sobre drogas quedaron patentes ayer con las exigencias de casi 60 estados, en su mayoría de América y Europa, de abandonar el actual enfoque represivo en la estrategia internacional antinarcóticos.
La petición fue en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, máximo órgano internacional sobre políticas de drogas, que ayer y hoy revisa la estrategia aprobada en 2019, cuando se cumple la mitad de su década de aplicación.
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en videomensaje que la actual estrategia “ha fracasado” y que la ONU no puede estar “sorda y ciega” ante la necesidad de un enfoque que privilegie la salud pública sobre la criminalización.
Incluso Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, calificó como “ineficaces y contraproducentes” las estrategias punitivas empleadas hasta ahora.
Las políticas de criminalización, incluida la pena de muerte, “no han disminuido el consumo de drogas ni han disuadido la violencia relacionada”, indicó.
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De hecho, denunció, la estrategia resultó en “más y más vidas arruinadas no sólo por el uso de drogas en sí, también por consecuencias como la encarcelación masiva, comunidades estigmatizadas, empobrecidas y plagadas de violencia.”
Los países de la Comisión adoptaron en 2019 una declaración que promovía “una sociedad libre del abuso de drogas” y se comprometieron a trabajar para eliminar hasta 2029 el cultivo, producción, tráfico y consumo de estupefacientes.
Alcanzar esos objetivos resulta imposible según los propios datos de la ONU, que subraya que el mercado de las drogas está en máximos históricos.
Al inicio de la reunión, los Estados de la Comisión adoptaron una declaración continuista con los objetivos de 2019, basada en un consenso de mínimos debido al rechazo a cualquier reforma de países como Rusia, Irán o las naciones árabes.
Según fuentes diplomáticas, incluso se temió que Rusia pudiese bloquear la declaración por las menciones al respeto a los derechos humanos de los adictos.
La IDCP, una red de casi 200 ONG de derechos humanos que piden una reforma de las políticas antidrogas, denunció que esta declaración no reconoce los fallos del actual sistema, pese a las “cientos de miles de personas que mueren cada año debido a políticas dañinas”.
Como respuesta a este inmovilismo, un grupo de 59 países, incluidos las principales potencias europeas, EU, Canadá, y países latinoamericanos como México, Brasil y Colombia, emitieron una declaración alternativa en la que piden dejar el enfoque represivo y abordar el problema como un asunto de salud pública.
“El sistema internacional de control de drogas, tal y como se aplica en la actualidad, necesita un replanteamiento basado en pruebas concretas, para que podamos empezar a avanzar juntos”, dijo en el plenario el ministro de Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo.
“Dar prioridad a las personas en las respuestas a las drogas forma parte de nuestros esfuerzos más amplios: esto significa dar prioridad a la salud pública, desarrollar iniciativas de prevención, eliminar el estigma asociado a los trastornos por consumo de drogas”, dijo el ministro.
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Ante la falta de consenso para hacer reformas globales, son más los Estados que deciden probar soluciones que violan las normas internacionales, como la legalización del consumo de cannabis.
Este camino, que inició Uruguay la década pasada y que también aplican dos decenas de Estados de EU, Canadá y que recientemente ha sido aprobado por Alemania, es la muestra más evidente de un consenso internacional roto.
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