La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó a trámite seis acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los poderes Ejecutivo y Legislativo mexiquenses por la reducción de síndicos y regidores en los cabildos del Estado de México.
De último momento hasta los aliados de Morena impugnaron, pues las acciones fueron presentadas por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, pero también por el PT y Encuentro Solidario, que en el Congreso local votaron a favor de los cambios al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal.
Las acciones de inconstitucionalidad atacan el decreto 190, a través del cual habría 407 regidores y nueve síndicos menos en los 125 municipios, en busca de lograr ahorros cercanos a los mil millones de pesos al año.
La oposición acusó a Morena de que con esas reformas, que entraron en vigor horas después de ser aprobadas, pues fueron publicadas de inmediato en Gaceta de Gobierno, busca acallar y quitar voz a las minorías, afectar la democracia, dificultar la llegada a los espacios municipales, vulnerar derechos como el de la reelección, disminuir comisiones y generar un bipartidismo y cabildos donde no existan contrapesos.
No se afecta a la democracia: Morena
En respuesta, Morena ha señalado que no se afecta la democracia, ni a las minorías, pero sí a los grupos y familias que se han enquistado y que cada tres años ocupan regidurías en los municipios. Argumentó que buscan municipios más austeros.
El principal promovente fue el senador Higinio Martínez y Morena hizo suya la propuesta, de hecho el diputado Faustino de la Cruz hizo dos contrapropuestas para que la disminución no fuera tan severa y la última es la que se aprobó.
Lo que llama la atención es que los aliados de Morena también decidieron promover acciones de inconstitucionalidad: el Partido del Trabajo a nombre de su dirigencia nacional, y Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, mediante su representante ante el Instituto Electoral del Estado de México, Adrián Martínez.
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron sus acciones por medio de sus líderes nacionales, mientras el Partido Verde lo hizo a través de su representación ante el IEEM. Todas serán acumuladas.
Ahora, el Ejecutivo y la Legislatura mexiquense deberán responder y dar sus argumentos a la Corte para defender las reformas, a fin de que los ministros analicen y determinen si los cambios son constitucionales.
De ser confirmados, los ajustes entrarían en vigor para la integración de las planillas que serán electas en 2021, y para los gobiernos municipales que iniciarán funciones desde el año 2022.