Toluca, México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mediante recorridos de inspección y vigilancia que se implementan en el Estado de México, ubicó y aseguró de manera precautoria 5 vehículos con madera en rollo en el paraje Arroyo Zarco, municipio de Almoloya de Juárez, por lo que presentó ante el Ministerio Público Estatal a 3 personas por presunta actividad de tala ilegal.
Personal de la Profepa en la entidad observó que alrededor de 12 personas se encontraban cargando tres camiones tipo Torton y 2 camionetas tipo estacas cargadas en su plataforma con madera en rollo, por lo que solicitaron a los responsables la documentación que acreditara la legal procedencia de la materia prima forestal, misma que no fue exhibida durante la diligencia, argumentando que solicitarían la documentación al dueño del predio.
Al paso del tiempo y al no recibir respuesta, los presuntos infractores en su afán de deslindarse de toda responsabilidad, comenzaron a tirar la madera en el sitio para darse a la fuga, por lo que los inspectores de Profepa persiguieron por más de media hora a los camiones y camionetas dándoles alcance en el paraje “El Pedregal”, en el municipio de Amanalco.
Al cerrarles el paso, ya con el apoyo de la Policía Estatal y Municipal, tanto los conductores como los acompañantes descendieron de los camiones para darse a la fuga, dejando abandonados tres camiones tipo Torton y dos camionetas tipo estacas que eran utilizadas presuntamente para el trasiego de la madera.
Cabe mencionar que en el lugar en donde fueron sorprendidos los presuntos responsables, quedaron esparcidos aproximadamente 100 piezas de madera en rollo del género pino en estado físico verde, equivalentes a un volumen de 30 m3.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 163, fracciones XI y XIII, considera como infracciones el carecer de la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales, obtenidas en el aprovechamiento y el transportar o poseer materias primas forestales, sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia.
Por lo cual, los presuntos responsables pueden ser acreedores a sanciones administrativas que van de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, y a la realización de actividades de restauración del sitio afectado, independientemente de las sanciones penales que resulten.
Tanto las personas como los vehículos fueron presentados ante el Ministerio Público Estatal del municipio de Zinacantepec, quien determinará su situación jurídica.
