Defensores ciudadanos de derechos humanos lanzaron un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que atienda las quejas que tenga pendientes de resolver por presuntos abusos de policías de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El activista y fundador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, José Humbertus Espinosa Pérez, y Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos, consideraron urgente hacer efectivas las “garantías de no repetición”.

“Sin duda damos un respaldo a las personas que no han tenido resultados tras interponer su queja, es bastante preocupante que la propia Comisión de Derechos Humanos (estatal), entre un catálogo que tienen de violaciones a derechos humanos, no aparezca la tortura como una violación a los derechos humanos”, externó Lara Duque.

De acuerdo con peticiones de información pública, reveladas en una base de datos que elabora la asociación Innovación Cívica para investigar el abuso policial en el Estado de México, se dio a conocer que el organismo defensor de derechos humanos estatal, entre 2017 y 2020 recibió 8 mil 719 quejas por presuntos abusos de policías de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

No obstante, puntualizó que únicamente en siete casos se emitieron recomendaciones, lo que equivale al 0.08%.

Al respecto, Lara Duque indicó que la falta de proceder de la Codhem, en las quejas de presuntos abusos policiales, da paso a que el propio Estado no reconozca sus errores.

Ejemplificó que en el caso de la tortura, que es un hecho recurrido por elementos policiales, es una práctica que viola los derechos humanos de las personas, además de que constituye un ejercicio delictivo.

“Las violaciones a derechos humanos se plantea que es una violación cometida por el Estado. Este matiz técnico implica un cambio de percepción, porque si hay un delito lo debe reparar quien lo cometió, pero si hay una violación a derechos humanos, es el Estado el que está obligado a subsanar esa situación”, explicó el defensor de derechos humanos.

En este contexto, Lara Duque hizo hincapié en la urgencia de implementar las “garantías de no repetición” entre los funcionarios y servidores públicos, mismas que tienen poco avance en la entidad.

“Se trata de construir el andamiaje constitucional, ya sean leyes, políticas públicas e incluso presupuesto, para combatir una violación a derechos humanos, porque lo que busca una garantía de no repetición es montar este andamiaje para que la violatoria o delito no se vuelva a cometer", explicó.

El activista y fundador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, José Humbertus Espinosa Pérez, externó que se deben emprender procedimientos de responsabilidades severos en contra de los servidores públicos que cometan abusos en agravio de la población, principalmente si son policías estatales, municipales o de instituciones como la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

Lamentó que en la Comisión de Derechos Humanos estatal no se estén considerando los criterios en materia de posibles abusos de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Quien tiene la obligación de utilizar esos criterios para responsabilizar a los policías, a partir de una recomendación, ya sea policía municipal, estatal, ministerial, etcétera, es la Comisión de Derechos Humanos si aplicara los criterios de la Corte Interamericana que ha resuelto varios casos, entre ellos el de Rosendo Radilla aquí en México”, sostuvo Espinosa Pérez.

Agregó que el hecho de que continúen los abusos policiales es reflejo de que la capacitación y certificación en materia de derechos humanos a esos elementos fue nula o no fue fructífera, situación que demuestra la falta de formación policial.