Esta misma semana dos personajes de la vida pública en municipios mexiquenses fueron puestos a disposición de las autoridades por mandato judicial; la primera, un líder de taxistas señalado por extorsión y, el otro, un presidente municipal en funciones es investigado por su participación en el ataque armado a un fiscal regional.
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Detienen a presunto extorsionador y taxistas bloquean accesos a Valle de Bravo
Acusan a edil de Zacualpan de homicidio calificado y es ingresado a un penal mexiquense
En este último caso, el alcalde del municipio de Zacualpan fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en donde habrá de esperar el cumplimiento del plazo legal para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, en la que un juez decidirá si se le vincula o no a proceso, así como determinar el tiempo para el cierre de la investigación.
En la carpeta de investigación por los delitos de Homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el todavía presidente municipal habría aportado información al grupo delictivo que agredió a los servidores públicos de esa dependencia estatal.
Es de mencionar que el proceso judicial al todavía alcalde de Zacualpan, Fidel “N”, aún está en su fase inicial con la notificación al juez del cumplimiento de la orden de aprehensión, con lo cual se inicia el conteo del plazo constitucional para la audiencia de vinculación a proceso, en donde el juzgador determinará si existen pruebas suficientes para vincularlo y determinar las medidas cautelares del caso.
Respecto al asunto de Juan Luis “N”, dirigente de taxistas en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo, quien ha sido señalado como responsable del delito de extorsión a empresarios y operadores del transporte público en ese municipio, fuentes de la FGJEM dieron a conocer que este sábado se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en donde se conocerá si se reunieron las pruebas suficientes para llevar adelante el juicio.
Es de subrayar que las fuentes consultadas en la Fiscalía aseguraron no poder comentar mayores detalles de ambos casos, debido a que son asuntos en manos de elementos de la Policía de Investigación y de los fiscales del Ministerio Público que, por su misma naturaleza, requiere de una secrecía absoluta para no violentar el debido proceso, ni afectar derechos de los procesados y de terceros involucrados.
