El problema de la tala clandestina en el Estado de México ha venido repuntando hasta un 20 por ciento en los últimos años, siendo cuatro cuadrantes los más vigilados por brigadistas, entre ellos, el Nevado de Toluca y el parque nacional Izta-Popo Zoquiapan.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que 53 zonas ecológicas del Estado de México son afectadas por delitos ambientales, especialmente la "tala clandestina", tales como el corredor Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el parque Lagunas de Zempoala, el Cobio Chichinautzin, así como también las áreas naturales protegidas Santuario del Agua y Forestal Manantiales Cascada Diamantes, El Salta de Atlautla-Ecatzingo, el Sistema Tetzcotzingo y La Bufa Otomí-Mexica.
Asimismo, en las áreas naturales catalogadas con un nivel “medio” en delitos ambientales son 25, entre ellos destaca el Parque Mariposa Monarca, el Nevado de Toluca, la cuenta del Río Valle de Bravo y el Bosencheve.
Además del santuario del agua Valle de Bravo, Río Grande San Pedro, el parque Chapa de Mota, el Náhuatl-Maltazinca, la sierra de Nanchititla, y Forestal Presa Taxhimay, por mencionar algunos.
En cuanto a las áreas naturales de la entidad con tasas bajas de depredación por tala y otros delitos ambientales son 20, algunos de ellos son el Santuario Corral de Piedra, Santuario Presa Borckman y Victoria, el Cerro de Chiluca y Malpais de Santo Tomas de los Plátanos.
Entre estos puntos durante el 2018 se detectaron enfrentamientos, aseguramientos y un asesinato asociado a esta actividad ilícita en al menos seis municipios mexiquenses como Ocuilan, Temascaltepec, Zinacantepec, Xalatlaco, Villa de Allende y Nicolas Romero.
En el mes de febrero en medios de comunicación se dio a conocer una confrontación entre pobladores y efectivos policiales al momento de realizar un operativo por las zonas deforestadas, cuando de manera repentina fueron emboscados en el cruce de San María Ocuilan
Asimismo en Agosto en la comunidad nahua de Santa María Magdalena Cahuacán de la demarcación de Nicolás Romero se consideró durante ese año, como la zona latente de confrontación entre los habitantes del pueblo y grupos de talamontes armados que desde hace al menos un año acuden a la zona para extraer madera de forma clandestina y que en ese mes amenazaron a los lugareños para que dejen de defender el bosque.
En el combate a la tala ilegal, elementos policiales de la Secretaria de Seguridad del Estado de México (SSEM), aseguraron a una persona en Villa de Allende en la comunidad de la Sabana de la Peña, mediante un filtro de seguridad en el mes de septiembre, el cual fue identificado como Lázaro “N” de 47 años, procedente de Michoacán, acusado de derribar árboles de encino, a quien se le incautó una motosierra.
En ese mismo mes en Temascaltepec, con huellas de tortura y un mensaje intimidatorio fue encontrado el cuerpo de un hombre en la comunidad de las Lágrimas, al parecer por un tema relacionado con la tala clandestina en la zona, cerca de las 2:00 horas, localizado y reportado a las autoridades locales por habitantes del lugar.
En noviembre de 2018, elementos de la Secretaría de Seguridad (SSEM) del Estado de México aseguraron en Xalatlaco dos camiones cargados de material forestal de dudosa procedencia y detuvieron a seis personas probablemente implicadas en delitos ambientales, entre ellas un menor de edad.
Para el mes de diciembre de 2018, en Zinacantepec tres hombres identificados como Lorenzo “N”, José “N” y Constantino “N” fueron detenidos en la comunidad de Santa María del Monte con un camión que transportaba 11 rollos de material maderable y motosierras utilizadas para cortar, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con la Protectora de Bosques (Probosque), informó que en los últimos cinco años, se han decomisado 12 mil metros cúbicos de madera obtenida de manera ilegal, la cual ha sido sustraída de cuatro sitios considerados como puntos rojos.
Principalmente en los bosques de Amecameca, Ixtapaluca, Ocuilan, Temascaltepec y Valle de Bravo, así como del Nevado de Toluca, son de los más dañados por este ilícito, sin embargo la dependencia estatal, con el apoyo del Ejército mexicano, la Policía Federal y estatal, así como Profepa, ha realizado más de dos mil 500 operativos en estas zonas con al menos 814 personas que no contaban con un permiso o tenían aserraderos clandestinos donde depositaban la madera que sustraían del bosque.