La periodista mexiquense María Teresa Montaño denunció que por más de tres horas fue retenida por hombres armados quienes, además de despojarla de su automóvil, la obligaron a vaciar su tarjeta y a trasladarlos a su vivienda misma que fue saqueada. Entre las cosas robadas se encontraban archivos y agendas relacionados con sus investigaciones periodísticas.
De acuerdo con la versión de la periodista, todo comenzó cuando fue interceptada sobre la vialidad Adolfo López Mateos, en las inmediaciones de la Laguna de Ojuelos, en el municipio de Zinacantepec.
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Durante los hechos, la también corresponsal de la revista Proceso declaró que recibió amenazas de muerte.
Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
En mayo de este año fue aprobada la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en la entidad; sin embargo, fue hasta junio que entró en vigor tras su publicación en la Gaceta de Gobierno estatal pese a esto dio pie a un mecanismo de protección todavía no está listo pues quedó establecido un plazo de hasta 6 meses para ello.
De acuerdo con la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos estatal vigente, las penas previstas para quien o quienes cometan lesiones o el homicidio de periodistas o defensores en el ejercicio de su actividad, van desde los tres hasta los 25 años de prisión.
También son considerados los delitos cometidos contra la libertad de expresión y contra las personas defensoras de derechos humanos o periodistas, es decir, cualquier conducta tendiente a impedir, interferir, limitar o que atenten en contra de la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.
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Así como el daño a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, cometido cuando el servidor público o miembro del Mecanismo de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y perjudique, ponga en riesgo o cause daño a periodistas y Defensores.
El marco jurídico de protección a periodistas y defensores de derechos humanos también ordena la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
No obstante, desde el 11 de junio de 2020, fue publicado en la Gaceta de Gobierno estatal la creación de diversas unidades administrativas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre ellas la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
A un año de su creación, la Dirección General de Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, recibió 10 denuncias, de las cuales, 6 corresponden a periodistas y 4 a defensores de derechos humanos, según lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en respuesta a la solicitud de información bajo el folio 00564/FGJ/IP/2021, ingresada al Módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esa institución, a través del SAIMEX.
Éste marco jurídico llegó de varias agresiones a periodistas mexiquenses, entre ellas el homicidio de Nevith Condés Jaramillo, ocurrido el 24 de agosto de 2019 al sur de la entidad y por del cual, no se ha dado a conocer el avance de la investigación ni la detención de el o los responsables.
Condés Jaramillo era director del portal informativo El Observatorio del Sur y tras haber recibido amenazas vía telefónica y en redes sociales, según datos de la organización Artículo 19, enfocada en la protección de la libertad de expresión; pese a que se solicitó la integración de Nevith al Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal, esto nunca ocurrió.
Cabe recordar que en junio de este año en la entidad fue aprobada la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
