La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que todavía no devuelve las pertenencias personales confiscadas al momento de su detención a Kenia “N”, activista oriunda del estado de Guerrero y quien ahora enfrenta una vinculación a proceso en libertad por su probable participación en el delito de robo con violencia, debido a que ella no se ha presentado para recibirlas.
Se dio a conocer que los artículos que posee y son de Kenia son unas llaves y unos teléfonos móviles.
El pasado martes 16 de junio el abogado de Kenia, José Antonio Lara Duque, exhibió en la red social twitter que la FGJEM y la Secretaría de Seguridad no habían entregado a Kenia un automóvil, sus identificaciones y dinero en efectivo, mismos que le habrían sido confiscados al momento de su detención ocurrida el pasado 6 de junio, en inmediaciones de la caseta de cobro de La Hortaliza en inmediaciones de la carretera Toluca-Valle de Bravo.
A través de esa misma red social, Lara Duque informó que no hubo un argumento por parte de la institución para justificar la retención de los bienes de Kenia, pese a que el Poder Judicial del Estado de México ya había ordenado dicha acción.
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En su queja el abogado Antonio Lara Duque también pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) mantener atención para propiciar la celeridad necesaria y citó el número de investigación de oficio CODHEM/TOL/TDF/27/2020 iniciada por ese organismo.
Cabe recordar que la luchadora social y miembro del colectivo Zapata Vive, fue puesta en libertad el 11 de junio luego de que su defensa solicitara cambios en las medidas cautelares.
Al siguiente día fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de robo con violencia, el cual, según lo informado por la Fiscalía de Justicia mexiquense, habría ocurrido el pasado 19 de marzo cuando las víctimas viajaban a bordo de una camioneta tipo Pick-Up, con dirección a la colonia las Américas, en el municipio de Ecatepec.
Presuntamente Kenia habría despojado de sus pertenencias a uno de los ocupantes de dicho vehículo, en la caseta de cobro T2, en la colonia San Cristóbal, del Circuito Exterior Mexiquense.
La autoridad Judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación en curso.
