Menos de seis años les tomó a las administraciones de Aristóteles Sandoval, Miguel Márquez, Arturo Núñez, Rolando Zapata,Manuel Velasco, Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez para que 17 mil millones de pesos fueran desviados de sus objetivos. Ahora, tras la renovación de los poderes ejecutivos en sus respectivos estados, éstos se irán si haber aclarado el destino de esta cantidad.
Algo parecido sucederá con Antonio Gali, en Puebla, y Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, quienes después de dos años en el poder deberán pasar la estafeta antes de tiempo para acoplarse al calendario electoral federal; sin embargo, también se irán sin haber aclarado 50 mil 615 millones de pesos detectados con irregularidades durante las administraciones de sus predecesores, Rafael Moreno Valle y Javier Duarte.
Según ha podido constatar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas públicas en estos estados durante las administraciones señaladas ha primado la violación a las reglas de contabilidad, ejercicio del gasto y hasta del buen criterio.
Por ejemplo, sólo en 2016 la ASF detectó que en la administración del panista Miguel Márquez los recursos del Seguro Popular se entregaron hasta con 40 días de atraso, vulnerando a los sectores más necesitados. En Yucatán del priista Rolando Zapata, 13 millones de pesos fueron pagados a maestros que nunca fueron localizados dando clases y que además no contaron con la preparación académica necesaria.
Asimismo, durante el gobierno del también priista Aristóteles Sandoval, en Jalisco, 12 millones de pesos fueron pagados a funcionarios que aspiraron a cargos de elección popular, a pesar de que esas comisiones deben darse sin goce de sueldo. En la Ciudad de México, la administración del perredista Miguel Ángel Mancera no ejerció 32 millones del Fonmetro en tiempo y forma.
La administración perredista de Arturo Núñez, en Tabasco, nunca justificó económica o socialmente la compra de dos terrenos con un costo de 120 millones de pesos; en Chiapas, el gobierno del priista Manuel Velasco malgastó 60 millones de pesos en la compra de paquetes educativos con sobreprecios; y en Morelos, el gobierno del perredista Graco Ramírez continuó pagando 724 mil pesos a burócratas a pesar de que ya se habían separado del cargo. En Puebla, el gobierno del antecesor de Antonio Gali, Rafael Moreno Valle, compró dos millones de pesos en acero que ya había comprado anteriormente, mientras que en el Veracruz, de Javier Duarte, la ASF no tiene registro de que 316 millones de pesos delPrograma de Inclusión Social Prospera hayan sido entregados a su población objetivo.
Malas cuentas
En total 67 mil millones de pesos fueron mal ejercidos
Así, de caso en caso, en total son 67 mil millones de pesos que fueron mal ejercidos desde 2011 a 2016 o que no se sabe a ciencia cierta cómo fueron utilizados y dónde están; mientras que los gobiernos encargados de responder ya se van.
Para hacerse una idea, este monto es similar al presupuesto total sumado de las tres principales universidades del país para 2018, UNAM, UAM e IPN, y que llega a los 61.8 mil millones, para la educación de medio millón de personas en todos sus planteles y niveles, sueldo de docentes y administrativos, así como para la realización de actividades y mantenimiento.
Este monto de dinero aún podría aumentar pues la ASF no ha terminado de hacer la revisión de la cuenta pública de 2017.
"El problema es que estos gobernadores se van y les dejan compromisos a las nuevas administraciones que van a llegar", comenta Kristobal Meléndez, experto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
El analista refiere que esto incide en la cancelación o modificación de proyectos a futuro en los nuevos gobiernos, los cuales tendrán que destinar recursos humanos y monetarios para responderle a la ASF. Al final, dice, los más afectados de esto son los ciudadanos, que no reciben como se debe los beneficios del presupuesto.
El gobernador saliente con mayores pendientes es Manuel Velasco, con cuatro mil 888 millones por aclarar. En conjunto, sólo 44% de los recursos con irregularidades detectados en estas entidades durante esas cuentas públicas han sido solventados con retornos a hacienda federal o la justificación del gasto. Así, ellos se van, pero las cuentas irregulares de sus gestiones serán problema de alguien más. Las administraciones locales, a través de secretarías de Finanzas y legisladores, han opinado sobre el tema. Mañana relataremos sus posiciones.
LO QUE DICEN ESOS ESTADOS A EL SOL DE MÉXICO
1 YA ESTÁN trabajando con la ASF para aclarar el destino de los recursos detectados con irregularidades
2 IMPONDRÁN SANCIONES en contra de los funcionarios involucrados y que sean identificados durante sus propias investigaciones
3 NO HABLARÁNsobre los adeudos que dejarán ante la ASF y sus ciudadanos, pues, argumentan, sería violatorio de la veda electoral en curso
