Ante la demanda de la minera estadounidense Calica en contra del Gobierno federal por la cancelación de su concesión para explotar un banco de material para construcciones en Playa del Carmen, Quintana Roo; el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que se le dio la encomienda al embajador de México en Estados Unidos para ofrecer a esta empresa una participación turística en los terrenos donde actualmente extrae el material.
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Asimismo, agregó el mandatario que no se va a permitir más la explotación de materiales para construcción a esta empresa en Playa del Carmen y que si persisten en su propósito, se les va a pagar la demanda que establecieron, pues aseguró que esta compañía tiene mucha influencia en los tribunales internacionales, pero dijo que esto no va a ser bueno para nadie pues reiteró que México recurrirá a la ONU para señalar a esta empresa por destrucción del territorio.
El mandatario expuso en su conferencia matutina de este jueves, en Zapotlán, Estado de Hidalgo, que se planteó que la empresa ocupe sus terrenos concesionados para el desarrollo de un complejo turístico.
"¿Cuál es el planteamiento?, que ya no se va permitir nada de extracción, nada, y ¿qué ofrecemos darles? Facilidades para que usen los terrenos en un proyecto turístico respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse", señaló el presidente.
Al respecto, el presidente expresó que tuvo una reunión este miércoles con la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores y el embajador Esteban Moctezuma, para tratar este asunto.
El presidente subrayó que el embajador está comisionado para hablar con los propietarios de Calica y, señaló que ya se hizo una propuesta a la empresa, con un plazo de un mes, para llegar a dicho acuerdo.
Subrayó que para marzo se debe concretar la respuesta de la empresa norteamericana, la cual tiene 4 mil 200 hectáreas y tienen 4 concesiones que recibieron en distintos momentos.
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Ayer, miércoles el presidente había adelantado que se iba a recurrir ante la ONU por la demanda presentada por mil 500 millones de dólares que interpuso la empresa estadounidense en tribunales internacionales por la cancelación de su concesión.
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