TOLUCA.- Los 58 kilómetros trazados para el Tren Interurbano México-Toluca ha tenido altos costos sociales y ecológicos a los ojos de especialistas y comuneros afectados. El proyecto consideró más de tres mil millones de pesos para la liberación de vía sobre los municipios que recorrerá el tren.
Eso ha acarreado bloqueos en la zona de obras, que según los cálculos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le han costado más de ocho mil millones de pesos adicionales. Asimismo, los comuneros han sostenido que se requiere plantar al menos 40 mil árboles para resarcir los daños de flora.
Desde 2014, año en que iniciaron los trabajos del Tren Interurbano México-Toluca, las movilizaciones y pleitos legales comenzaron en contra del gobierno federal por parte de comuneros que resultaron afectados. La inconformidad por el trazo de la obra y los montos de indemnización, no dejó conformes principalmente a las comunidades ubicadas en el municipio de Ocoyoacac.
San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, comunidades indígenas del municipio de Ocoyoacac, iniciaron desde entonces una serie de manifestaciones para exigir el pago justo de sus tierras. Los 58 kilómetros de longitud que abarca el trazo del tren, consideró pagar por el derecho de vía a comuneros de Zinacantepec, Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco y a los ubicados en Cuajimalpa.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto de la SCT para la obra del tren, el monto destinado de manera original para la liberación de vía (que incluye todos los pagos a comuneros), era de mil 370 millones de pesos.
Sin embargo, con el ajuste hecho a lo largo de la obra, incrementó otros dos mil 308 millones, por lo que quedó finalmente en un monto de tres mil 678 millones de pesos para ese rubro.
CONTROVERSIAS
Santiago Pérez Alvarado, representante jurídico de las comunidades de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, sostiene que los convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aún no han cumplido con el pago de 42 mil metros cuadrados pertenecientes a ambas comunidades y se adeudan además otros 19 mil metros cuadrados. Pese a que la autoridad federal insiste en que se ha indemnizado en su totalidad a las comunidades.
Pérez Alvarado, explicó en su momento que el convenio de indemnización del 2015, se hizo sólo por 172 mil metros cuadrados, pero tras realizar un recorrido conjunto con la SCT, se definió que podría haber una ocupación ilegal de otros 42 mil metros cuadrados.
DAÑO AMBIENTAL
A lo largo de siete kilómetros, que inician desde el Valle del Zarco y se extienden hasta el Valle del Portezuelo, la realidad es la misma. Los manantiales se están secando y los riachuelos que trasladaban el agua hasta la presa de Salazar, ya no existen, dijo Luis Carrillo, presidente del comité de Agua de la comunidad indígena de San Jerónimo Acazulco.
Junto con otros integrantes del Comité de Agua de San Jerónimo y comuneros, Luis muestra cada uno de los veneros y manantiales de agua que han sido tapados con el concreto.
Su interés radica en que les urge que el gobierno federal considere la creación de un Plan Integral Ambiental. Es lo único que podría recuperar el hábitat de la Marquesa, destruido por el tren.
LOS COSTOS
La construcción del tren Interurbano México- Toluca ha acarreado uno de los conflictos sociales, daños ecológicos y sobrecostos económicos más altos en el país. Desde el retraso de su entrega, que debió ser en diciembre del año pasado, hasta el incremento de un 100 por ciento del presupuesto inicial, que abarcará dos administraciones.
En los tres años de plazo para su entrega (en 2023), la culminación del tren, podría alcanzar los 77 mil millones de pesos, de un presupuesto inicial de 44 mil 559 millones de pesos.
